Este mediodía se suscribió el convenio entre la empresa estatal, la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior y la Cámara Nacional Electoral, por el que los medios de Radio y Televisión Argentina (RTA) serán la cabecera de la transmisión en vivo de los debates entre los candidatos a presidente previos a las elecciones del 22 de octubre de este año.
En la firma participaron, por RTA, la presidenta Rosario Lufrano, su vicepresidente Osvaldo Santoro, y el director ejecutivo de Televisión Pública Claudio Martínez; por la Cámara, lo suscribieron su presidente Alberto Dalla Vía, su vicepresidente Hernán Corcuera, el juez de Cámara Daniel Bejas, los secretarios de Actuación Judicial, Hernan Goncalves Figueiredo, y de Actuación Electoral, Sebastián Schimmel, la secretaria de Cámara Contratada, Elena Gómez, y la prosecretaria de Cámara Temporaria, Nora Rascioni. Por el Ministerio, en tanto, firmaron la secretaria de Asuntos Políticos, Patricia Garcia Blanco, y el director Nacional Electoral, Marcos Schiavi.
Luego de la firma, el director de Televisión Pública, Claudio Martínez, sostuvo que “para la Televisión Pública es un orgullo y un privilegio haber sido elegida para esta transmisión en la que seguramente van a participar todos los canales, como ya ha ocurrido particularmente en 2019, cuando se puso a prueba este sistema en el que Televisión Pública fue cabecera, pero todos los canales de aire y las señales de noticias tomaron la señal”.
Destacó también que “es una responsabilidad enorme ejecutar este proceso y participar de este modo en la vida democrática de los argentinos y argentinas. Los que estamos en la organización decimos todo el tiempo que este debate no está hecho para candidatos y candidatas, sino para ciudadanos y ciudadanas, para ofrecerles herramientas para que estén mejor informados sobre el proceso electoral”.
Martínez recordó que “este convenio deviene de la Ley de Debate Presidencial –promulgada en 2017– a la que estamos dando cumplimiento”. Agregó que “establece el mecanismo por el cual el Ministerio del Interior aporta el presupuesto, la Cámara Nacional Electoral es la encargada de organizar el debate y RTA a través de la Televisión Pública organiza la producción televisiva”.
Por su parte, Dalla Vía opinó que “el debate informa a la ciudadanía”; le hace un aporte “a los ciudadanos que quieren escuchar y tener el voto informado. A los partidos se les sigue pidiendo la plataforma, pero la gente quiere escuchar a los candidatos y ver lo que proponen”, agregó.
“El debate televisivo además permite que los candidatos discutan entre ellos. Antes esto no existía en la Argentina” sostuvo y agregó que “en 2015, por una iniciativa de la sociedad civil instalamos el debate que quedó como un bien público”.
Indicó que el convenio con RTA “busca facilitar la ejecución”, porque es “una empresa del Estado que se dedica a la organización televisiva, lo cual no quita la participación de los medios independientes, con algo que buscamos, que es el equilibrio ideológico entre todas las posiciones”.
La Ley 27.337 establece que deben hacerse dos encuentros, uno en una capital provincial –que este año será el 1° de octubre en Santiago del Estero–, y el otro en Buenos Aires –el 8 de octubre, en la Facultad de Derecho de la UBA–. En ambos, los candidatos están obligados a participar y tienen penalidades en caso de no hacerlo, como quitar al partido y al candidato la posibilidad de hacer publicidad de modo gratuito en los espacios que cede el Estado a los partidos.
Este convenio da cumplimiento al artículo 64 de esa Ley, que sostiene que “el debate presidencial obligatorio será transmitido en directo por todos los medios pertenecientes a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (R.T.A. S.E.)” y que las señales “serán puestas a disposición de todos los medios públicos y privados del país que deseen transmitir el debate de manera simultánea, en forma gratuita”.
En el entendimiento se destaca que “las contrataciones entre entidades que revisten naturaleza pública importan un uso más eficiente de los recursos públicos”. Añade que “las políticas que se implementen en materia de contrataciones interadministrativas deben contribuir a mejorar la eficacia, la eficiencia en el uso de los recursos y la economía en el cumplimiento de los objetivos de las jurisdicciones y entidades del sector”.
Tras la firma del Convenio, las autoridades participaron en la inauguración del Museo Electoral, una propuesta que se suma a la conmemoración de los cuarenta años de Democracia.
El museo ofrece recorridos en los que se pueden observar los acontecimientos más relevantes de la historia electoral argentina y de los partidos políticos, las interrupciones al orden constitucional con golpes de Estado y el rol de la Justicia Electoral Nacional. Entre otros elementos, se exhiben las distintas boletas presidenciales utilizadas desde 1983 y publicidades partidarias; además hay un módulo dedicado a las principales mujeres que impulsaron el reconocimiento de los derechos políticos y del sufragio femenino.