En el marco de decisión de presidencia de llevar transparencia a la gestión y la aprobación del Directorio de un programa específico, comunicamos que durante el año 2022 Radio y Televisión Argentina ha mejorado exponencialmente su rendimiento en el índice de medición del nivel de cumplimiento de la política de transparencia activa del Estado, elaborado y publicado por la Agencia de Acceso a la Información Pública.
La política de transparencia del Estado expresa la obligación de publicar activamente información, en formatos abiertos, por parte de todos los organismos comprendidos por la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.
Partiendo de una evaluación inicial de 9/100 (dato que expresa la inexistencia de una política en la materia previa a la llegada de esta gestión) RTA ha sido evaluada con un 72/100 en la medición publicada recientemente y que corresponde al mes de noviembre del año pasado. El dato expresa una mejoría que multiplica por 8 (ocho) el nivel de cumplimiento de los medios públicos en el tema.
La Agencia de Acceso a la Información Pública (autoridad de aplicación de la Ley) junto a un conjunto de organizaciones de la sociedad civil es la que trabaja en el diseño y la publicación del mencionado índice de medición. El mismo se realiza sobre el universo de 26 organismos centralizados y 92 organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional, 55 empresas públicas y 66 universidades, además de incluir otros sujetos obligados a demanda. Como variables a medir tiene en cuenta la publicación voluntaria y periódica de información accesible a toda la ciudadanía en relación a:
• Procedimientos para solicitudes de acceso a la información pública
• Autoridades y personal
• Escalas salariales
• Declaraciones juradas
• Compras y contrataciones
• Presupuesto
• Auditorías
• Subsidios y otras transferencias
Los meses impares se mide el nivel de cumplimiento sobre la totalidad de los organismos centralizados y 4 organismos descentralizados de la Administración Pública nacional, 6 empresas públicas con participación estatal mayoritaria y 2 universidades. Los organismos (entre los que se encuentra RTA) fueron seleccionados por consenso con las organizaciones de la sociedad civil que participaron del compromiso, basándose en la relevancia en la agenda pública, el presupuesto y la cantidad de solicitudes de acceso a la información pública recibidas.