En el debate sobre “Golpes blandos y lawfare en América Latina” tomaron parte la presidenta de RTA, Rosario Lufrano; el sociólogo y politólogo Atilio Borón; el abogado José Manuel Ubeira; los analistas bolivianos Camila Ugalde y Marcelo Arequipa, y por Brasil la politóloga Marjorie Corrêa Marona y el especialista en derecho constitucional Pedro Serrano.
Ciclo 1: “Golpes blandos y Lawfare en América Latina”
En el marco de la celebración de los 40 años de la recuperación de la democracia, Radio y Televisión Argentina (RTA) inauguró el ciclo de conversatorios “Una Ventana al Mundo”, en el que analistas de nuestro país, Brasil y Bolivia coincidieron en señalar que el lawfare –la asociación de sectores del Poder Judicial, nucleamientos políticos y medios de comunicación–, condiciona severamente la administración de justicia y el devenir democrático en la región.
En el encuentro, que se desarrolló en Televisión Pública y fue transmitido en vivo por streaming, primó la condena al lawfare y la identificación de la movilización popular en las calles como la única forma de detener esa práctica de los poderes concentrados.
Al introducir el debate, la titular de RTA recordó que el lawfare –término que proviene del inglés que refiere a la ley y a la guerra judicial–, “se ha repetido en distintos países de América Latina. ¿Y de qué hablamos cuando decimos guerra judicial? No es solamente enfocarnos en un determinado sector del Poder Judicial: estamos hablando de un conjunto de acciones que pueden empezar con una nota periodística que alguien vuelca con una denuncia en el Poder Judicial, y allí se inicia un mecanismo que busca sacar de la cancha a un rival político, a alguien que opina distinto, pero no solo por pensar distinto, sino porque ha actuado en el mundo del poder tomando decisiones a favor de los más débiles, de los trabajadores y trabajadoras, del pueblo”.
Agregó que “eso que algunos llaman populismo tiene que ver con líderes populares que se dedican a gobernar tocando intereses, y esos intereses entienden que no es aceptable perder privilegios y los defienden de esa manera. A veces de un modo invisible, y es complejo que nuestros ciudadanos y ciudadanas logren tomar en cuenta ese mecanismo”, dijo Lufrano.
Para Borón, “este tema tiene una serie de complejidades técnicas que hacen que normalmente el ciudadano común no entienda de qué se está hablando”, y añadió que “el lawfare es negado a pesar de que el origen del término viene de un general norteamericano que dijo y escribió que ‘existe otra forma de hacer la guerra que es apelando al sistema jurídico’, y en Estados Unidos no hay ninguna discusión al respecto”.
“Evidentemente en el pensamiento tradicional y en los medios hegemónicos en todo el mundo al tema se lo niega, y para la sociedad queda una especie de perplejidad respecto a casos aberrantes como el de Cristina Fernández de Kirchner con el número de causas astronómicas que se han planteado en su contra, o el de Rafael Correa, que llegó a acumular más causas que las que tuvo Al Capone cuando se computaron todos sus delitos en los Estados Unidos”, agregó el intelectual argentino.
Según el abogado Ubeira, “a partir de la creación del Estado-Nación la Justicia basa su sistema de poder en la estructura de prestigio, pero como tiene un control de contrapeso sobre las medidas del Congreso o los decretos del Presidente, es más fácil colonizar al Poder Judicial a los efectos de que algunos poderes que no han sido elegidos por nadie, los ejerzan concentradamente sobre los jueces con decisiones que no han podido ganarse a través de las urnas”.
“En una época determinada en la región se implementó el Plan Cóndor, y ahora tenemos un sistema blando de golpes que no es ni más ni menos que la utilización del Poder Judicial como neutralizador del líder popular, y por otro lado actúa como disciplinador de todos aquellos que han sido votados para ejercer la voluntad popular”, enfatizó Ubeira.
“Lo verdaderamente interesante es que la Justicia argentina no reconoce la existencia del lawfare”, señaló el letrado, quien apelando al ejemplo de que la figura de “desaparecidos” no existía cuando arrojaban personas desde aviones, “a fuerza de muertos y barbarie hubo que recogerla como una categoría casi universal, por lo que habría que decirle a algunos jueces que la realidad es la que hace al derecho y no viceversa”.
La periodista boliviana Camila Ugalde introdujo su intervención señalando que en su país “el lawfare no ha sido básicamente la forma de sacar a Evo Morales del poder, sino la agitación de la clase media en las calles”, a lo que su compatriota Marcelo Arequipa sumó “el papel de los medios de comunicación y las fuerzas armadas para deponer al gobierno, con los operadores de la Justicia acomodándose rápidamente a un gobierno no democrático”. El analista mencionó el hecho de que en su país “llevamos años eligiendo a los jueces por el voto popular”, algo que no sucede en el resto de los países de la región.
Al respecto, Borón agregó que “cuando se produce un golpe militar es porque falló la política”, conceptó que completó Ubeira al señalar que “lo único que queda para rebelarse a la tiranía de los poderes es el pueblo en las calles”.
Según el destacado politólogo, “vivimos en un estado de no derecho por el cual una persona pueda estar con prisión preventiva por años”, y postuló que para cambiar “al Poder Judicial hay que poner cien mil personas frente a Tribunales durante cuatro meses”.
A su turno, el constitucionalista brasileño Pedro Serrano destacó que el lawfare busca “degradar de a poco la democracia mediante medidas de excepción que son una nueva forma de autoritarismo”, y recordó que “la operación Lavajato buscó atacar a una sola persona, Lula, con un proceso penal que bajo un aspecto jurídico era en realidad un ataque jurídico”.
“Percibimos que hay un núcleo central en el ecosistema de la desinformación, con las fake news y todo lo que pasa por los medios tradicionales, pero mucho más aun por las redes sociales, y creo que las acciones para reglamentar a esos sectores son muy importantes”, apuntó la politóloga brasileña Marjorie Corrêa Marona.
“Hay una fuerza del poder económico en todo ésto y debemos estar muy atentos en como el poder privado está detrás de las fuerzas que desorganizan la democracia”, concluyó.